La incongruencia del Reglamento de Extranjería
La semana pasada entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, que rebaja de tres a dos años el tiempo de estancia en el Estado español necesario para que los ciudadanos extranjeros puedan pedir su regularización, lo que en principio beneficia a más de 7.000 que residen en las comarcas de Lleida. Sin embargo, la sorpresa es que la nueva normativa deja en un limbo legal a los migrantes que han solicitado derecho de asilo por motivos de persecución en su país de origen. Si se les concede, su problema está solucionado, pero en el caso contrario se encontrarán con que el plazo transcurrido desde que formularon la petición hasta que se les ha notificado su denegación, que suele durar al menos unos dos años, no podrá ser contabilizado para poder acceder a la residencia por arraigo. Por ejemplo, si una persona que llegó a España hace dos años y medio, solicitó asilo y ahora recibe una resolución negativa, deberá esperar dos años más para poder tramitar su regularización. Entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cáritas y la Red Acoge han hecho hincapié en esta incongruencia que afecta a un colectivo que no es marginal, ya que solo en Lleida son 2.700 las personas que han demandado este derecho entre 2021 y 2024, la mayoría de ellas procedentes de países latinoamericanos como Venezuela, Colombia y Perú, sacudidos por crisis políticas. Que el sentido común es el menos común de los sentidos es una sentencia de Voltaire aplicable a muchos ámbitos, también a normas legales como esta, a pesar de que su tramitación está controlada por múltiples asesores.
El PP, contra el catalán
Los estados de la Unión Europea decidieron ayer finalmente posponer la votación impulsada por España para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE, después de que varias delegaciones insistieran en que es prematuro pronunciarse sobre este asunto. Una cuestión que llama la atención es que el PP haya itido abiertamente que ha estado haciendo gestiones para evitar que esta propuesta pueda salir adelante. El lunes, el secretario general del partido en Catalunya, Santi Rodríguez, dijo que Feijóo había llamado a gobiernos afines a los populares europeos para asegurarse su veto. Ayer, fue el portavoz del partido en el Parlament, Juan Fernández, el que afirmó que el Gobierno central solo reclama esta oficialidad para que “Sánchez tenga bien atados los siete votos [de Junts] y protegerse de su corrupción en la Moncloa”. Pero lo que se debate en Europa no son las motivaciones de Sánchez, sino la oficialidad del catalán, y con esta postura se explica por qué el PP tiene malos resultados en Catalunya desde hace tiempo.
