La nueva cárcel de Lleida, una prioridad
En tan solo tres meses, entre enero y marzo de este año, en el Centre Penitenciari Ponent se registraron 53 agresiones entre internos, de las cuales dos fueron graves, además de siete agresiones a funcionarios, una de ellas también de gravedad. A esto se suman 49 alteraciones del orden, seis consideradas graves, tres incendios, 40 autolesiones y cuatro sobredosis. Son cifras que invitan a la reflexión y que ponen en evidencia que el Centre Penitenciari Ponent, el más antiguo en funcionamiento de Catalunya, necesita inversiones urgentes. Es cierto que la conselleria de Justicia ya ha iniciado los trámites para construir una nueva prisión lejos de la trama urbana, que se estima que costará 120 millones de euros, pero se trata de un proyecto a largo plazo. Mientras, el departamento destinará más de 13,2 millones en obras de mejora hasta 2026. La nueva cárcel debe ser una prioridad en la agenda política. Los problemas no desaparecerán por arte de magia en un nuevo espacio, pero el equipamiento actual “se cae a trozos” en palabras de los sindicatos, lo que hace más complicada la labor del personal. Se construyó en 1954 y se amplió en 1984, por lo que sus instalaciones obsoletas no solo dificultan la labor de los funcionarios, sino que también comprometen la seguridad y el bienestar de los internos. Los sindicatos han alzado la voz, exigiendo mejoras inmediatas. Denuncian la falta de personal, la inseguridad y las condiciones precarias en las que deben desempeñar su labor. La UGT ha solicitado el cierre de la actual prisión y la construcción de una nueva que responda a las necesidades del siglo XXI. También el ayuntamiento de Lleida se ha manifestado a favor de trasladar la cárcel. Es comprensible que un proyecto de esta magnitud no pueda ejecutarse en cuestión de meses, pero no se puede eternizar. Es una prioridad para Lleida y así lo ven también los vecinos de Joc de la Bola y Ciutat Jardí. Este trimestre no ha sido una excepción. El año pasado se contabilizaron 141 alternaciones del orden, de las que 52 fueron graves, 11 incendios, 149 agresiones entre internos y 21 a funcionarios, siete de las cuales fueron de gravedad. Es una realidad incómoda con la que hay que lidiar. La dignidad de los internos y la seguridad de los funcionarios no pueden esperar.
Quince minutos que cuentan
El TSJC considera que los 15 minutos para pasar el relevo entre enfermeras forman parte de su jornada laboral y, como tal, deben remunerarse. Así lo solicitó una profesional de la UCI del hospital Arnau de Vilanova y ahora la justicia le ha dado la razón y ha condenado al ICS, que recorrerá. Una sentencia que traerá cola.