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Hay algunos pilares de la sociedad del bienestar que, a estas alturas, son del todo irrenunciables. Se han conseguido con el esfuerzo de muchas generaciones y son un tesoro a conservar y a reforzar. Hablamos, por ejemplo, de la sanidad universal o bien de la enseñanza básica, derechos de los que toda la ciudadanía se puede beneficiar. Más tarde llegaron las ayudas a la dependencia gracias a una ley que en 2026 cumplirá ya 20 años y que había de suponer una especie de revulsivo para sus beneficiarios, ya que su objetivo es asegurar una correcta calidad de vida a aquellos que, con su trabajo durante su vida laboral, han hecho posible una sociedad como la nuestra. Sin embargo, la aplicación de esta legislación y, por tanto, la recepción de las ayudas deja mucho que desear. Y es que, tal como publicábamos ayer, el sistema de la dependencia tenía, el pasado mes de marzo, un total de 4.432 expedientes pendientes en las comarcas leridanas, según datos hechos públicos del departamento de Derechos Sociales e Inclusión. Del citado total, 3.125 leridanos aguardaban a que su situación fuera objeto de valoración y otros 1.307 estaban a la espera de que se les asignaran las prestaciones correspondientes a su grado de dependencia. Aunque el tiempo que los beneficiarios deben esperar para percibir estas ayudas ha mejorado respecto al inicio del año, la demora va desde los 3 meses en Aran, la más baja de Catalunya, a los más de siete en las comarcas del Pirineo. Concretamente y según la conselleria, los Servicios de Valoración de la Dependencia (SEVAD), que se encargan de determinar si una persona puede acceder a las ayudas y qué tipo de dependencia presenta (grados I, II y III), en la veguería de Lleida tienen un promedio de espera de 127 días, que en el caso del Pirineo aumenta a los 161 días, y en Aran es de solo 28. A estos plazos se deben sumar los correspondientes a la obtención del PIA, que determina las modalidades de intervención según las necesidades del y que gestionan los Servicios Sociales.

Así las cosas, y pese a que la atención va mejorando paulatinamente, es necesario acortar estos tiempos porque las frías cifras hacen referencia a personas con nombres y apellidos, en más de la mitad de los casos, de más de 80 años, que no pueden aguardar lo que muchas veces comportan los trámites burocráticos. A finales del año pasado, la conselleria comenzó a desplegar un plan para reducir el tiempo medio de espera para valorar la situación de dependencia o discapacidad y ponía el acento en simplificar y digitalizar el proceso de valoración, reforzando los equipos que se encargan de ello. Es necesario implementar las medidas para agilizar la situación porque, como hemos dicho, los beneficiarios no tienen tiempo que perder y sí tienen todo el derecho del mundo a ser atendidos como se merecen.

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