Quince años de conflictos y 2,5 millones en costes por el bloque de Santiago Rusiñol en Les Borges Blanques
El edificio acumula okupaciones, incendios y enfrentamientos; el ayuntamiento desistió de comprarlo por su grave deterioro

Puertas tapiadas en el inmueble de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques.
El conflictivo bloque de pisos ubicado en la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques se ha convertido en un quebradero de cabeza para el consistorio municipal y los vecinos de la localidad. Desde hace más de 15 años, este inmueble ha sido epicentro de ocupaciones ilegales, disturbios y diversos incidentes que han supuesto un desembolso estimado en 2,5 millones de euros para las arcas municipales, según datos facilitados por el propio ayuntamiento leridano.
La problemática comenzó hace más de una década con las primeras ocupaciones de viviendas deshabitadas en el edificio. Desde entonces, los episodios conflictivos se han multiplicado: constantes quejas vecinales por ruidos excesivos, acumulación de residuos en los alrededores del inmueble y numerosas intervenciones policiales que han tensionado la convivencia en este barrio de la localidad catalana. Las autoridades locales reconocen que la situación ha empeorado progresivamente, obligando a destinar importantes recursos municipales para intentar controlar una situación cada vez más deteriorada.

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El desglose de los 2,5 millones de euros invertidos durante este período incluye partidas muy diversas: desde las horas extras de la Policía Local y la brigada municipal, hasta los costes derivados de reparaciones en infraestructuras públicas, especialmente en la red de alumbrado. Precisamente, uno de los problemas más graves ha sido la manipulación constante de la red eléctrica mediante enganches ilegales realizados por los ocupantes para dotar de electricidad a las viviendas ocupadas sin los correspondientes contratos de suministro.
El punto de inflexión: cortes eléctricos e incendio
La situación dio un giro significativo en junio de 2023, cuando técnicos de la compañía Endesa, bajo protección de los Mossos d'Esquadra, procedieron al corte sistemático de las conexiones ilegales y desmantelaron gran parte de la instalación eléctrica del edificio. Esta intervención buscaba poner fin a una práctica peligrosa que venía repitiéndose sistemáticamente durante años y que suponía un riesgo evidente para la seguridad.
Apenas unos días después, concretamente el 14 de junio, se produjo un incendio de considerables proporciones en el inmueble que requirió la intervención de siete dotaciones de bomberos procedentes de distintos parques de la provincia: Lleida, Mollerussa, Cervera y Les Borges Blanques. El siniestro dejó un balance de seis personas que necesitaron atención médica, cuatro de las cuales tuvieron que ser trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida para recibir tratamiento más especializado.
Este incendio, cuyas causas exactas no han trascendido oficialmente, evidenció las precarias condiciones de seguridad del inmueble y la situación de vulnerabilidad de sus ocupantes. Las imágenes del suceso, con una densa columna de humo visible desde diversos puntos de la localidad, causaron honda preocupación entre los vecinos de Les Borges Blanques.
Altercados y tensión social creciente
La conflictividad asociada al bloque de Santiago Rusiñol ha trascendido en numerosas ocasiones los límites del propio edificio, generando incidentes en otras zonas de la localidad. Uno de los episodios más tensos se produjo tras un intento frustrado de ocupación ilegal en la avenida sc Macià. Los implicados, tras ser desalojados por efectivos policiales, se dirigieron hacia la calle Santiago Rusiñol provocando disturbios por el camino.
Durante estos altercados, los manifestantes volcaron varios contenedores formando barricadas improvisadas en la calle de La Font y otras vías cercanas, lo que obligó a una intervención policial de urgencia para restablecer el orden. Estos incidentes pusieron de manifiesto la tensión latente y el potencial de conflicto social que la situación del inmueble genera en la localidad.
El pasado mes de febrero de 2024, un dispositivo policial de considerable envergadura acudió al edificio para ejecutar cinco órdenes de desahucio. Sin embargo, a la llegada de los agentes, comprobaron que los habitantes de dichas viviendas ya habían abandonado el inmueble, evitando así un posible nuevo foco de tensión.
Intentos fallidos de solución municipal
Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de Les Borges Blanques exploró diferentes vías para atajar el problema de raíz. La opción que pareció más viable en un principio fue la adquisición municipal del edificio como primer paso para regularizar la situación y rehabilitar el inmueble. Sin embargo, esta iniciativa quedó frustrada el pasado mes de enero de 2024.
Tras un minucioso estudio técnico, los responsables municipales constataron el avanzado estado de degradación del edificio y calcularon que el coste de rehabilitación resultaría prohibitivo para las posibilidades económicas del consistorio. Este análisis llevó a la corporación municipal a desistir definitivamente de la compra.
Poco después de esta renuncia, el bloque fue adquirido por un nuevo propietario: la inmobiliaria Janus Business SL, con sede en Terrassa (Barcelona). Hasta el momento, no han trascendido los planes que esta empresa tiene para el conflictivo inmueble, aunque los vecinos de la zona esperan que esta nueva titularidad pueda suponer un cambio positivo en la situación.
El impacto económico en las arcas municipales
Los 2,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Les Borges Blanques ha tenido que destinar a gestionar los problemas derivados del bloque Santiago Rusiñol representan una carga considerable para un municipio de poco más de 6.000 habitantes. Este desembolso ha limitado significativamente la capacidad inversora del consistorio en otros proyectos de interés general para la localidad.
Según fuentes municipales, el coste se desglosa principalmente en intervenciones de la Policía Local (incluyendo horas extras y dispositivos especiales), actuaciones de la brigada municipal para limpiar los alrededores del edificio y retirar residuos acumulados, reparaciones en la red de alumbrado público dañada por los enganches ilegales, y otros gastos relacionados con la gestión istrativa y legal de la situación.