La Diputación de Lleida denuncia que la CHE rechaza proteger los campings con sensores de riadas

La Diputación criticó ayer en el pleno provincial que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) rechaza sistemas de alerta, como la instalación de sensores en ríos para detectar crecidas, como medida para proteger campings y otras actividades ante riadas. El diputado provincial de ERC Marc Baró afirmó durante la sesión que, tras mantener durante tres años una partida de 200.000 euros en el presupuesto para desplegar esta tecnología, “siempre recibimos la misma respuesta: la CHE no homologa ninguno de estos sistemas”. El presidente de la corporación provincial, el republicano Joan Talarn, deberá abordar esta cuestión en una reunión la próxima semana con el presidente del organismo de cuenca, Carlos Arrazola.

La aprobación de planes de autoprotección ante sucesos como riadas es competencia de la Generalitat. Sin embargo, la CHE emite informes vinculantes en el proceso y, además, es competente a la hora de autorizar actuaciones en los cauces y sus proximidades en casi toda la provincia. Solo parte del Solsonès es competencia de la ACA al formar parte de las cuencas internas de Catalunya.

“La Diputación apuesta por la instalación de sistemas fiables de alerta ante avenidas”, recalcó Baró. “No puede ser que, en pleno siglo XXI, el único sistema para evitar los efectos de una inundación sea vaciar de personas una comarca”, añadió. Baró hizo estas declaraciones en el debate de una moción de Junts Impulsem, en la oposición, que pide la Generalitat consenso con el sector de los campings para elaborar la nueva normativa sobre seguridad ante riadas, tras retirar la semana pasada del polémico decreto ley. Este preveía cierres donde existiera riesgo y no se pudieran aplicar medidas correctoras. La moción se aprobó por unanimidad y el diputado provincial de Impulsem Manel Solé destacó la importancia de “visibilizar la situación de un sector que se ve amenazado”.

Por otra parte, el pleno aprobó la cesión de 85 puntos de carga para bicicletas eléctricas a 49 municipios de Lleida por un plazo de cinco años, a partir del cual se les ofrecerá la propiedad, dentro del proyecto Naturalment Lleida.

Catorce millones para pagar ayudas a municipios que se remontan a 2013

El pleno de la Diputación aprobó incorporar al presupuesto 13,9 millones de euros, en su mayor parte procedente de remanentes de tesorería, para liquidar subvenciones pendientes de pago a municipios y otros entes locales, algunas de las cuales se remontan al plan de inversión local del año 2013. Otras corresponden a plan de financiación local de 2017 y otros a planes de subvenciones de 2021 y 2023. Quedarán pendientes pagos por actuaciones de años anteriores que hasta la fecha no se han justificado. “Se está haciendo un acompañamiento técnico para una correcta justificación de las subvenciones”, dijo en la sesión el diputado de Finanzas, Marc Baró. El presidente, Joan Talarn, apuntó que esto supone “seguir haciendo limpieza de los compromisos antiguos que quedaban pendientes”. Desde el grupo de Junts Impulsem, en la oposición, expresaron su satisfacción tras numerosas quejas por retrasos en los pagos. Cabe recordar que la Diputación asignó el pasado mes de marzo 1,7 millones a liquidar facturas atrasadas.